La Liga ratificó la huelga y reprogramó los playoffs


03 de marzo de 2026

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La novena jornada se disputará el fin de semana del 3 de mayo.

Ratificación oficial y nueva fecha para la jornada pendiente

El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol confirmó la continuidad del paro previsto para este fin de semana. La reunión se desarrolló al mediodía en el predio Lionel Messi de Ezeiza, con la presencia de los 30 representantes de los clubes de Primera División.

La novena jornada del Torneo Apertura 2026 se disputará el fin de semana del domingo 3 de mayo. La reprogramación obligó a reordenar las instancias eliminatorias.

El nuevo esquema quedó definido de la siguiente manera:

  • Octavos de final: fin de semana del domingo 10.

  • Cuartos de final: miércoles 13.

  • Semifinales: fin de semana del domingo 17.

  • Final: 24 de mayo.

Los motivos de la medida y el contexto judicial

La decisión de sostener la huelga se votó por unanimidad en la reunión del Comité realizada la semana anterior, en repudio a lo que los dirigentes calificaron como una avanzada del Gobierno contra la Asociación del Fútbol Argentino.

En ese encuentro no participaron Boca Juniors, que justificó su ausencia por el viaje a la Copa Argentina, ni Estudiantes de La Plata, que tampoco asistió a las últimas convocatorias.

El conflicto se inscribe en una causa que investiga presunta apropiación indebida de aportes por $19.353.546.843,85 vinculada a retenciones impositivas y de seguridad social que, según la denuncia del ARCA, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Frente a ese escenario, AFA sostuvo que "no tiene deuda alguna exigible" con la Agencia de Recaudación y señaló que estas atribuciones "fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad".

Durante el cónclave también se abordaron cuestiones económicas de los clubes y aspectos organizativos proyectados para 2026.

Veedores, cruce con la IGJ y postura institucional

Luego de la confirmación del paro en respaldo a la conducción de AFA, el Ministerio de Justicia comunicó la designación de veedores para fiscalizar documentación y revisar presuntas irregularidades administrativas.

En respuesta, la AFA indicó que si se impulsa una veeduría esta sería "ilegítima" y anunció presentaciones judiciales para que "la medida sea desestimada, tal como ocurrió con el caso Bullrich". En el comunicado agregó: "La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley", y reiteró que realizará "las presentaciones judiciales correspondientes para que esta medida sea desestimada, tal como ocurrió con el precedente Bullrich".

También marcó una diferencia entre lo expresado por el Inspector General de Justicia, quien definió la veeduría como una "mera 'medida preparatoria', un relevamiento de información", y el comunicado oficial que "califica los hechos que se investigan como 'graves irregularidades'". En ese punto, la entidad manifestó: "Si las irregularidades fueran realmente graves, la IGJ tendría la obligación legal de aplicar sanciones (multas, intervención, cancelación de personería). Pero no lo hace".

Balances, domicilio legal y referencia a las SAD

La casa madre del fútbol argentino afirmó que los balances entre 2017 y 2024 "fueron presentados en tiempo y forma y se encuentran con 'vistas pendientes' de contestación". En cuanto al ejercicio 2025, precisó que no fue presentado ante la IGJ porque, desde noviembre de 2025, la AFA tiene su domicilio legal inscripto en la Provincia de Buenos Aires.

Respecto al cambio de dirección, cuestionado como "falsa", señaló que el mismo "fue aprobado por la autoridad provincial competente y que la inscripción en la Provincia es un acto administrativo válido y vigente".

En el cierre del comunicado, AFA expresó: "Esa confesión deja al desnudo la verdadera naturaleza de la medida. No se trata de controlar una asociación civil, sino de ejecutar una política pública que busca imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) a través del debilitamiento institucional de la AFA, la principal defensora del modelo de clubes sociales".

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