Una investigación judicial descubrió una red de reventa de entradas liderada por dos oficiales de la Policía de la Ciudad, quienes debían combatir precisamente ese tipo de delitos. La operación, que comenzó con una denuncia durante el partido entre Argentina y Bolivia el 15 de octubre de 2024, terminó con la realización de tres allanamientos, en los cuales se secuestraron grandes sumas de dinero, dispositivos electrónicos, carnets de socios y actas contravencionales.

El inicio de la investigación

La denuncia original surgió de una pareja que había comprado entradas para el partido de Eliminatorias entre Argentina y Bolivia. Tras haber adquirido los boletos a un precio exorbitante de 700.000 pesos a través de un revendedor online, la pareja se encontró con un giro inesperado en el proceso. El revendedor desapareció y dos oficiales de la división Conductas Delictivas, encargada de las operaciones contra la reventa de entradas, se presentaron en la cita.

En lugar de cumplir con su deber y denunciar la operación ilegal, los policías confiscaron los 730.000 pesos que la pareja había pagado y no tomaron ningún otro tipo de acción. Tras lo sucedido, la pareja denunció el hecho en la comisaría 13 y luego ante la Oficina de Transparencia y Control del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Escándalo en la Policía de la Ciudad: detenidos por fraude y abuso en operativos antireventa | Por Gustavo Grabia ?

Descubrieron una maniobra oscura y multimillonaria en la previa de partidos de la Selección Argentina y el fútbol local. ?https://t.co/MmuML1pxLh

— TyC Sports (@TyCSports) February 6, 2025

La red de reventa descubierta

Con el tiempo, la investigación arrojó que los dos policías estaban involucrados en una red organizada de reventa de entradas. A través de una serie de escuchas, filmaciones y trabajo de campo, se identificaron a los oficiales, quienes operaban de manera sistemática en varios partidos de fútbol, tanto de la selección argentina como de clubes locales. En cada operación, un civil actuaba como revendedor y, cuando se concretaba la venta, los oficiales intervenían para "confiscar" las entradas, quedándose con el dinero sin reportar el hecho a la Justicia.

Este esquema delictivo les permitió obtener grandes sumas de dinero, que se sumaban semana tras semana.

Los allanamientos y los hallazgos

La Justicia, con pruebas suficientes, decidió intervenir. Se realizaron tres allanamientos simultáneos: uno en la división Conductas Delictivas, y dos más en las residencias de los policías involucrados, ubicadas en el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el partido de Lanús, en la provincia de Buenos Aires.

En los allanamientos, se halló una significativa cantidad de dinero tanto en moneda local como extranjera, además de dispositivos electrónicos que presuntamente utilizaban para gestionar las transacciones ilegales. Uno de los descubrimientos más relevantes fueron varios carnets de socios, principalmente de Boca Juniors, que estaban a nombre de terceros. Estos carnets presuntamente eran alquilados durante los partidos, lo que permitía que los involucrados eludieran el derecho de admisión a cambio de un pago. Esta modalidad generaba otra importante fuente de ingresos para la red.

Un escándalo en la Policía de la Ciudad

El hallazgo sorprendió a la Policía de la Ciudad, pues los oficiales involucrados pertenecían a una división encargada de combatir los delitos de reventa de entradas y los grupos de hinchas violentos. No es la primera vez que se destapan casos de connivencia entre fuerzas de seguridad y grupos delictivos relacionados con el fútbol. En el pasado, casos como el del comisario Enrique Meta, condenado por enriquecimiento ilícito con la barra brava de Boca Juniors, ya habían sacudido a la fuerza.

Detenciones y futuro de la investigación

Tras los allanamientos, uno de los policías fue detenido, mientras que el otro, aunque no se encontraba en su hogar ni en su lugar de trabajo, estaría a punto de entregarse a las autoridades. La investigación sigue su curso y no se descarta que el círculo de implicados sea más amplio de lo que se ha identificado hasta ahora.